¿Cómo se notifica un desahucio?

Discutir este tema implica referirse a las notificaciones dentro del ámbito judicial.

Todo proceso de desahucio arranca con la presentación de una demanda, la cual necesita ser aceptada para su procesamiento.

Es clave que tanto la demanda como la resolución que permite su procesamiento (decreto de admisión) sean comunicadas al arrendatario. Sin conseguir efectuar esta notificación al arrendatario, el proceso judicial no puede proseguir.

Notificación de la demanda de desahucio en la vivienda alquilada

Como señalado anteriormente, la práctica habitual es realizar la notificación de la demanda en el domicilio arrendado. Esta tarea puede ser llevada a cabo por el servicio postal del juzgado o directamente por el procurador.

Si la notificación de la demanda se completa satisfactoriamente, excelente. Tras recibir una notificación de desahucio, el inquilino dispone de un plazo de 10 días naturales para presentar su oposición a la demanda.

Sin embargo, si la notificación no se puede realizar en el domicilio arrendado por cualquier razón (por ejemplo, si no se encuentra nadie en el domicilio), se dejará un aviso para que el inquilino acuda al juzgado dentro de un plazo de 7 días para recoger la demanda. Si el inquilino procede a recogerla, estupendo. Pero si no la recoge, entonces será necesario avanzar al siguiente paso del proceso.

Notificación de la demanda en otros domicilios

Nos encontramos ante una disyuntiva legal: mientras que la legislación sugiere omitir un determinado paso y avanzar directamente al siguiente, el Tribunal Constitucional ha establecido la necesidad de seguir este paso intermedio. Por tanto, en ocasiones resulta conveniente seguir este segundo paso, especialmente para asegurar el proceso, aunque en situaciones donde se prevea una menor resistencia por parte del inquilino, podríamos optar por avanzar directamente al paso siguiente.

Este paso intermedio implica que, si no se logra realizar la notificación de la demanda al inquilino en el domicilio arrendado, el juzgado procede a investigar otros domicilios del inquilino. Esto se hace consultando bases de datos oficiales como las de la policía, la seguridad social y la dirección general de tráfico, con el fin de encontrar alguna dirección asociada al DNI del inquilino.

Es común encontrar otros domicilios registrados; si así sucede, se intenta realizar la notificación en estas nuevas direcciones encontradas.

Como podrás imaginar, muchos de estos domicilios suelen ser antiguos y, por lo tanto, este paso frecuentemente no resulta en la localización del inquilino para efectuar la notificación. Sin embargo, dado que el Tribunal Constitucional lo requiere, este paso se convierte en una etapa obligatoria del proceso.

Si la notificación se efectúa exitosamente en alguno de estos domicilios, se considera que la demanda ha sido debidamente notificada y comienza el plazo de 10 días que el inquilino tiene para oponerse a ella.

En caso de no lograr la notificación, entonces es necesario proceder al tercer paso del proceso.

Notificación por edictos o en el BOE

La publicación de edictos está contemplada en el artículo 156.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y se refiere esencialmente a la divulgación de un resumen del decreto de admisión,  que permite la tramitación de la demanda en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Si hay que verificar si a algún arrendatário se le ha realizado una notificación mediante edictos, basta con recurrir al buscador del BOE para realizar esta comprobación.

Este tercer método garantiza efectivamente la notificación. Es decir, desde el momento de su publicación, la demanda se considera formalmente notificada.

Después de la notificación de la demanda

De una manera u otra, se considerará que la demanda ha sido notificada, ya sea directamente en el domicilio alquilado, en alguna otra dirección asociada al inquilino, o mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluso si el arrendatario no llega a enterarse de ello.

Tras la notificación de la demanda, si el arrendatario decide oponerse dentro de los 10 días siguientes, se procederá a un juicio que culminará con una sentencia.

Sin embargo, si el arrendatario no presenta oposición a la demanda —lo cual ocurre en aproximadamente el 80% de los casos y en el 99% de los casos cuando la notificación se realiza a través del BOE—, no se llevará a cabo un juicio.

En tales situaciones, no se emite una sentencia sino un decreto (decreto de archivo) mediante el cual el tribunal finaliza el proceso de desahucio. Dicho decreto obliga al inquilino a saldar la deuda pendiente y, adicionalmente, ordena su desalojo. Por tanto, tras el decreto de conclusión, se efectuará el desahucio.

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